La Facultad de Derecho y Economía presenta un monográfico con propuestas de políticas activas que doten de mayor peso al sector industrial

Con motivo de la presentación del número 10 de la revista 3CONOMI4 del Consejo General de Economistas, con la colaboración de la Universidad Camilo José Cela, destacados especialistas se han reunido esta mañana en la sede de dicho Consejo para analizar las políticas públicas y los instrumentos necesarios para la reindustralización de España.

El debate de los expertos en la materia se ha centrado, entre otros temas, en el cambio tecnológico y la competencia global, la industrialización como estrategia de crecimiento frente a la crisis, la inversión pública en investigación e innovación, la creación y generación de valor y empleo sostenible, y en las políticas de promoción internacional. Todos los ponentes han reconocido la necesidad de incrementar el peso de la industria en el PIB y la necesidad de sentar las bases de un nuevo modelo productivo sostenible.

La participación de la industria en el PIB se encuentra en España 3 puntos por debajo de la media de la zona euro –en torno al 15,5%– y debería situarse, de acuerdo con el programa 20/20 de la UE, en un 20% en 2020, lo que implica duplicar el esfuerzo a realizar en los próximos cuatro años.

El Decano de la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad Camilo José Cela, José Luis Curbelo, presentó las líneas generales y conclusiones del monográfico, afirmando que el objetivo de la publicación es contribuir con ideas sensatas a la definición de políticas que ayuden a revertir el proceso de desindustrialización de nuestro país. Para ello, dijo, “el reto fundamental radica en la mejora de la competitividad sostenible; es decir, de aquella que se basa no en el abaratamiento sistemático de los costes laborales y sociales o en el incumplimiento regulatorio, sino en la mejora sostenible de la productividad sobre la base de incorporar conocimiento e innovación en los procesos productivos.”

Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, hizo una reflexión sobre el modelo industrial. A este respecto, Pich señaló que “la realidad industrial ha cambiado. El consumidor es muy selectivo y variopinto, y demanda productos más personalizados. Hoy en día la industria ya no pivota exclusivamente sobre grandes conglomerados empresariales. Ahora una empresa automovilística más que fabricar coches lo que hace es ensamblar piezas que, en muchos casos, son elaboradas por factorías de un tamaño más manejable. Esto posibilita producir series más cortas y con una gran especialización técnica, lo que permite atender las necesidades de este nuevo perfil de cliente”. Así mismo, el presidente del Consejo General de Economistas destacó que “países avanzados como el nuestro pueden jugar un importante papel en esta nueva realidad y no deberíamos perder esta oportunidad que se nos brinda. Para ello es importante definir políticas industriales, pero sobre todo han de crearse condiciones que coadyuven en este sentido (infraestructuras, cuestiones de logística…). Esto último es un tema estratégico que no puede sufrir ningún retraso, por lo que la ausencia de estabilidad política resulta inquietante, ya que para implementar estas medidas se requieren consensos institucionales a largo plazo”.

“Desde la universidad debemos reflexionar sobre nuestro papel en la reindustrialización, teniendo en cuenta que la universidad es un elemento clave en la disrupción innovadora y en la transición de industrias poco competitivas a nuevas industrias creadoras de riqueza”, ha concluido Francesco Sandulli, vicerrector de Innovación de la Universidad Camilo José Cela.

Decálogo de propuestas de los economistas para impulsar la productividad y competitividad industrial

A modo de colofón, Curbelo resumió las diez principales ideas recogidas en el dosier presentado e hizo una serie de reflexiones acerca de los términos, en un marco de estabilidad macroeconómica, de una política industrial basada en la mejora de la competitividad sostenible. Esta política industrial ha de: (1) reconocer la centralidad de la empresa privada y la mejora de la productividad de largo plazo; (2) la realidad de que las empresas se insertan en cadenas globales en las que, (3) son esenciales el conocimiento y la innovación incorporados en los procesos productivos; (4) que es preciso favorecer que las empresas españolas ganen tamaño para hacerlas más competitivas, al tiempo que (5) se procura la transformación productiva de la oferta industrial. La nueva política industrial ha de incorporar crecientes dosis de actividades que están generalmente ligadas al sector servicios, especialmente lo que se ha venido a llamar servicios a la producción (consultoría, diseño, informática), y servicios tales como salud y educación.

Así mismo, se apuntó la necesidad de dar una prioridad política, que fuera central en los consensos y pactos del futuro nuevo gobierno, a (6) la reforma de la educación, especialmente de la formación profesional, y (7) la política de I+D+i. El diseño de esta última requeriría discriminar, y por ello, optar, en cuanto a la definición de objetivos, instrumentos y recursos presupuestario, entre los esfuerzos para “empujar” la frontera del conocimiento, y aquellos otros para “absorber” el conocimiento de frontera e incorporarlo en los procesos productivos.

Las políticas industriales del futuro serán fundamentalmente de carácter microeconómico, y debieran (8) enfatizar instrumentos de demanda más que el activismo público en forma de subvenciones. Al basarse en la consolidación de ecosistemas de innovación eficientes, y muy particularmente en España, será necesaria la (9) negociación permanente y cooperación entre los sectores públicos y privado y entre instancias administrativas con responsabilidades en el diseño y ejecución de las políticas. Finalmente, la complejidad de la nueva política industrial exige (10) la evaluación permanente del uso de los recursos y de la satisfacción de los objetivos, definiendo sistemas de realimentación y ajuste de los mismos para acomodar los inevitables cambios de la realidad económica.